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Ministro del interior del Gobierno de España (2011-2016)
Cargos desempeñados:
Delegado provincial de Trabajo en Barcelona. (1978-1980)
Gobernador civil de Asturias. (1980-1981)
Gobernador civil de Barcelona. (1981-1982)
Concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. (1983-1984)
Diputado en el Parlamento de Cataluña. (1984-1989)
Diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados. (1989-1996)
Secretario de Estado para las Administraciones Públicas. (1996-1999)
Secretario de Estado de Educación,Universidades,Investigación y Desarrollo.
(1999-2000)
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. (2000-2004)
Diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados. (Desde 2004)
Vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados. (2008-2011)
Ministro del Interior. (2011-2016)
Durante su mandato se usaron de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, creándose una estructura policial por orden del Director Adjunto Operativo (DAO), Eugenio Pino, con el conocimiento y consentimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y al seguimiento, la investigación y, en su caso, la persecución de adversarios políticos.
Estas decisiones han supuesto una inaceptable utilización partidista de los efectivos, medios y recursos del Departamento de Interior y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con un abuso de poder que quebranta reglas esenciales de la democracia y del Estado de Derecho.
Las grabaciones de las conversaciones mantenidas por el ministro en su despacho con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso Laso en las que trataron sobre la posible incriminación por casos de corrupción de líderes independentistas catalanes o de sus familiares más cercanos.
La utilización partidista en el Ministerio del Interior, bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz, de los efectivos, medios y recursos del Departamento y de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado con fines políticos fue desmesurada.
Finalmente el Tribunal Supremo desestimó la querella presentada contra Fernández Díaz y contra De Alfonso por Xavier Trias y Convergencia Democrática de Cataluña por prevaricación, revelación de secretos y malversación al considerar que de las grabaciones no se desprendía ningún delito.
Criterio compartido por la fiscalía
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