Vandalismo genómico

En 2016, un informe de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos clasificó a CRISPR y a la edición genética como “armas de destrucción masiva”. El gobierno asignó 65 millones de dólares  a la agencia de investigaciones de la Defensa de Estados Unidos (DARPA), para el proyecto “Safe genes”, para investigar cómo defenderse de las potenciales bioarmas que se podrían crear con CRISPR.  (https://tinyurl.com/yc5s7oed) Pero la línea divisoria entre desarrollar bioarmas e investigar como defenderse de ellas, es borrosa: por tanto este programa trabaja de hecho también en el desarrollo de potenciales bioarmas.

En el marco de ese programa financian proyectos de investigación en Estados Unidos y otros países, para el desarrollo de “impulsores genéticos”, una aplicación de CRISPR para cambiar las leyes de la herencia, y lograr que los genes manipulados sean autorreplicantes y dominantes en una especie. Por ejemplo, para que solamente nazcan machos, lo cual extinguiría la especie. La Fundación Bill y Melinda Gates financia el desarrollo de esa misma tecnología, aunque  no lo llama bioarmas, sino proyectos de salud. La ONU intentó establecer una moratoria a esta peligrosa aplicación, pero el dinero de Gates lo saboteó.

La propia Jennifer Doudna ha manifestado que CRISPR tiene usos tremendamente peligrosos, incluso refiere que tiene una pesadilla donde Hitler le pide la fórmula de CRISPR. Tanto los proyectos financiados por DARPA y la Fundación Gates, como los experimentos con humanos, transgreden fronteras éticas, ecológicas y políticas de enorme trascendencia, cuyo desarrollo debería estar prohibido.

Más inmediata es la presión de las trasnacionales para liberar comecialmente la llamada edición genética (son transgénicos) en plantas y animales para la industria agrícola y pecuaria. La industria de transgénicos ha hecho una engañosa campaña para hacer creer que los productos de tecnologías como CRISPR no necesitan pasar por evaluaciones de bioseguridad, o que al menos deberían ser más laxas que las existentes. Lo han logrado en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Honduras y Guatemala, países lacayos de los agronegocios transgénicos y en tratados con Estados Unidos, en varios casos avanzan estos cambios normativos aprovechando la poca información y las restricciones por la pandemia. La Unión Europea, gracias a las protestas y una demanda judicial de La Via Campesina y otras organizaciones, se opuso a estos cambios. 

CRISPR y todas las formas de edición genética introducen nuevos riesgos al ambiente y la salud, por lo que las normativas de bioseguridad, al contrario de lo que sostiene la industria, son altamente insuficientes. Estas nuevas formas de manipulación de nuestro ambiente y alimentos,  cambiarán nuestras vidas.

Aunque no lo permitamos,ellos  harán “vandalismo genómico”